Víctimas de Abusos en la Iglesia: Denuncias de Silencio y Represalias en Nuevo Informe del Vaticano
Un reciente informe publicado por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores revela denuncias de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, destacando una persistente cultura del silencio y la lentitud en los procesos de justicia. Las víctimas señalan represalias contra aquellos que denuncian, así como fallas en la gestión de los casos, lo cual ha contribuido a la desconfianza y frustración.
El informe, el segundo en su tipo desde la creación de la comisión en 2014 por el Papa Francisco, hace un llamado a reforzar la transparencia en los procesos de investigación y sanción de abusos. En sus páginas, se menciona que algunas comunidades eclesiales continúan viendo el abuso como un pecado en lugar de un delito. Las víctimas demandan evaluaciones psiquiátricas y antecedentes rigurosos para todo el personal de la Iglesia en contacto con menores o adultos vulnerables.
Destaca la prórroga de la metodología de escucha a las víctimas iniciada en América y extendida a todas las regiones. Este enfoque busca reconocer sus experiencias como un paso hacia la justicia. Sin embargo, persiste la resistencia entre algunos líderes eclesiásticos para implementar reformas de salvaguardia, creando inconsistencias que podrían permitir la impunidad.
El documento también reporta relatos inquietantes de represalias contra quienes denuncian abusos, que incluyen amenazas a familiares y manipulación institucional. Además, señala la lentitud en la administración de justicia, lo cual frustra a las víctimas y limita la aplicación efectiva de medidas disciplinarias.
Sin ofrecer cifras exactas sobre víctimas o clérigos involucrados, el informe enfatiza la necesidad de publicar declaraciones que reconozcan los daños ocurridos y establezcan sanciones claras. También subraya la importancia de programas de sensibilización y la creación de un observatorio mundial para evaluar los avances en políticas de salvaguardia.
Finalmente, recomienda que la Iglesia asuma los costos médicos y psicológicos derivados de los casos de abuso, promoviendo un enfoque de reparación hacia las víctimas.