GUANAJUATO, Gto. – En una jornada de protestas celebrada en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empleados del Instituto Federal de la Defensoría Pública alzaron la voz para manifestar su descontento por la reducción en sus percepciones salariales y las difíciles condiciones laborales que enfrentan a diario. La protesta refleja una lucha por el reconocimiento de sus derechos y una exigencia de mejores circunstancias laborales.
Los trabajadores de la defensoría pública, que desempeñan un papel crucial en la asesoría y defensa de quienes no pueden costear un abogado, argumentaron que la disminución de sus salarios este año afecta no solo su economía, sino también la calidad del servicio que ofrecen a la población. En el contexto de una justicia muchas veces inaccesible, su labor se vuelve fundamental para garantizar que se respete el derecho a un juicio justo.
Mariana Patillo Elías, oficial administrativa del instituto, destacó la importancia de escuchar las necesidades de las comunidades a quienes sirven. Relató las historias de quienes dependen del trabajo de la defensoría: desde padres que buscan entender la detención de sus hijos, hasta adultos mayores que requieren asistencia en trámites vitales. “Nosotros no decidimos quién tiene la razón”, enfatizó Patillo Elías, quien añadió que los 120 profesionales que conforman el equipo en el estado están permanentemente capacitados para desempeñar su labor con eficacia.
La oficial administrativa planteó una interrogante crucial: “¿Cómo una afectación a nuestros derechos contribuye a una mejora en el servicio?”. Su afirmación subraya la incongruencia entre la reducción salarial y la misión de mejorar la justicia social. Reiteró que la defensoría pública debe ser valorada y respaldada materialmente, considerando la ética y la congruencia que debe acompañar al servicio público.
En este sentido, José Luis Fuentes Valdivia, representante de los defensores públicos, subrayó que su cometido es superar las desigualdades sociales y consolidar el estado de derecho. Afirmó que el acceso a la justicia es esencial para construir una sociedad equitativa, pero cuestionó la falta de comprensión sobre las necesidades reales de la defensoría, lo cual compromete su labor.
Fuentes Valdivia, al igual que sus compañeros, expresó su preocupación por las condiciones inseguras que enfrentan en su trabajo, que incluye desplazamientos nocturnos hacia zonas de riesgo. “Nos preguntamos, ¿nosotros no tenemos derecho a una defensa?”, cuestionó, resaltando una posible discriminación hacia su profesión.
Durante la manifestación, algunos jueces expresaron su apoyo a la defensa pública, desmintiendo la idea de que los recortes salariales se destinen a sus sueldos. Afirmaron estar al lado de los defensores en su lucha por mejores condiciones, mostrando así una solidaridad inesperada que, aunque puede ofrecer cierto alivio, no resuelve las demandas de fondo.
El futuro del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra en un momento crítico. Las condiciones actuales ponen en riesgo tanto la integridad de sus trabajadores como la calidad de atención que brindan a los ciudadanos. La situación requiere atención inmediata para asegurar un marco de derechos y condiciones dignas que garanticen no solo el ejercicio de la defensa pública, sino también el acceso a la justicia. La respuesta de las autoridades será decisiva para determinar si se logrará un avance en este tema crucial, en pro del Estado de derecho y la equidad social.