
El Ministerio de Cultura del Perú ha dado marcha atrás a la polémica Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC que había reducido significativamente la protección del área de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Esta reversión fue oficializada a través de la Resolución Viceministerial N° 000134-2025-VMPCIC/MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Con esta medida, se retoma el plano perimétrico aprobado en 2004, que comprende un área de 5,633.47 kilómetros cuadrados.
La resolución inicial, que reducía el área protegida a 3,235.94 kilómetros cuadrados, provocó críticas en el ámbito nacional e internacional, señalando que exponía el sitio a riesgos, incluidas actividades mineras informales. Organizaciones como el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú criticaron la falta de estudios técnicos y arqueológicos previos a tal decisión.
Impulsada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, la reducción fue avalada por el Ministerio de Cultura y fue vista por especialistas como un intento de liberar territorio para intereses mineros. La comunidad arqueológica advirtió que las áreas extraídas del polígono protegido estaban quedando vulnerables a saqueos y destrucción.
La controversia llegó al Congreso de la República, que propuso tres mociones de interpelación al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, con el objetivo de esclarecer las razones detrás de la medida. Se argumentó que la resolución inicial carecía de fundamento técnico sólido y contradecía legislaciones vigentes sobre la protección del patrimonio cultural.
Simultáneamente, en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ocurrió un cambio administrativo con la designación de Víctor Reynoso Lezano. El Congreso procederá con la interpelación al ministro Valencia, mientras que la comunidad arqueológica permanece atenta a esta rectificación, exigiendo transparencia y explicaciones sobre la resolución anterior. En paralelo, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ha pedido la dimisión de los responsables, promoviendo una investigación sobre posibles casos de corrupción dentro del Ministerio de Cultura.