Guanajuato, Gto. En un escenario preocupante para la seguridad laboral, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Espadas Galván, ha admitido la ausencia de protocolos de atención diseñados para proteger a los trabajadores del Poder Legislativo en situaciones de riesgo, como asaltos o privación de libertad. Esta revelación surge a raíz de un incidente alarmante ocurrido el pasado 7 de febrero, cuando un empleado del Congreso fue víctima de un secuestro temporal en el municipio de Victoria, donde fue despojado de sus pertenencias y las del Congreso, en una unidad oficial que utilizaba.
El diputado Sergio Contreras fue el encargado de traer a discusión este inquietante tema durante la reciente Junta de Gobierno, señalando que la institución enfrenta una clara falta de preparación ante estos incidentes. Durante su intervención, el legislador del PAN expresó la necesidad urgente de elaborar un protocolo que atienda esta problemática, mencionando que el caso en cuestión es solo uno de muchos que destacan la insuficiencia de las medidas de seguridad actuales.
Espadas Galván indicó que se tiene la intención de buscar orientación de especialistas en seguridad para desarrollar estrategias que prevengan futuros incidentes y brinden el respaldo necesario a los trabajadores. Hemos instruido a las áreas institucionales, a través de la secretaría general del Congreso, a establecer una primera reunión para identificar qué protocolos pueden implementarse. Posteriormente, se procederá a la creación de protocolos internos del Poder Legislativo, respaldados por un diagnóstico realizado por profesionales en la materia, aseguró el presidente de la Junta.
En un giro más preocupante, se dio a conocer que el empleado afectado, más de diez días después de su experiencia traumática, ha decidido renunciar, sin que se le haya proporcionado el apoyo que requería por parte del Congreso. Aunque inicialmente se pensó que su salida se debía a una renuncia, Espadas Galván aclaró que el caso sigue su curso a través de un procedimiento ante la autoridad laboral. La Fiscalía es la responsable de la investigación y de ese asunto no tenemos información adicional en este momento, concluyó.
La situación pone de manifiesto la necesidad de incrementar las medidas de protección y apoyo para quienes laboran en el Congreso, resaltando la importancia de priorizar la seguridad y bienestar de los empleados, quienes desempeñan su labor en condiciones cada vez más desafiantes. La falta de protocolos puede tener repercusiones graves en la salud mental y el entorno laboral, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática de manera efectiva y formal.