Desde su fundación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas se propuso prevenir desastres globales al establecer principios como la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación y la cooperación pacífica. Sin embargo, esos pilares parecen desgastados, especialmente en el Consejo de Seguridad, donde el poder del veto, en manos de cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia), obstaculiza acciones significativas, según señalan ciertos eventos recientes en Gaza.
El uso del veto por parte de Estados Unidos para proteger a su aliado en Oriente Medio, Israel, ha sido recurrente. Desde 1948, Washington ha bloqueado más de 45 resoluciones en el Consejo, frustrando intentos de proteger a la población palestina y exigir el respeto al derecho internacional. Mientras la Asamblea General emite resoluciones, estas carecen de fuerza vinculante y acaban siendo simbólicas, saldo que deja a instituciones como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia debilitadas por la indiferencia de las potencias.
La intervención de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, denunciando el multilateralismo, refuerza la percepción de un organismo que algunos actores consideran un obstáculo. Durante su mandato, el ex presidente retiró a EE.UU. de varios tratados y organismos internacionales. Su postura política refleja un enfoque que algunos consideran adverso al espíritu de cooperación global inaugurado después de la Segunda Guerra Mundial.
La dinámica actual plantea, según expertos, un dilema crucial: reformar la ONU para que recupere su eficacia o enfrentar un orden internacional donde prevalezca la fuerza. Ante los desafíos contemporáneos, abordar la funcionalidad de la ONU resulta crucial para algunos, con el fin de evitar los errores del pasado y procurar un futuro basado en el consenso y el diálogo global.