Lista de países con mayor corrupción en 2025 según Transparencia Internacional
Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (IPC), evaluando la situación de 180 países en el sector público. Según el informe, más de dos tercios de estos países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50 sobre 100, lo que indica serios problemas de corrupción. El ranking del IPC clasifica a los países de acuerdo a una escala de cero, indicando alta corrupción, a cien, sugiriendo ausencia de corrupción.
Sudán del Sur encabeza la lista de los países más corruptos, con solo 8 puntos. Le siguen Somalia con 9 puntos y Venezuela con 10 puntos. Siria, Yemen y Libia comparten una posición cercana en el fondo del índice, con 12 y 13 puntos respectivamente. En esta lista también figuran Eritrea, Guinea Ecuatorial, Nicaragua y Corea del Norte.
El informe refleja que la corrupción prevalece especialmente en países con conflictos armados, inestabilidad política y gobiernos autoritarios. Los países europeos en la lista incluyen a Rusia, ubicada en el puesto 24 con 22 puntos. España ocupa la posición 49, con 56 puntos, en el grupo de países menos corruptos.
Por el contrario, Dinamarca lidera el grupo de países con menor corrupción en el mundo, con una puntuación de 90. Finlandia, Singapur y Nueva Zelanda destacan en este ranking con puntuaciones de 88, 84 y 83 respectivamente. Otros países bien posicionados incluyen Luxemburgo, Noruega y Suiza, entre las naciones de mayor transparencia.
Transparencia Internacional advierte sobre la necesidad de implementar reformas estructurales y mayor cooperación internacional para reducir la corrupción. Recomienda centrarse en la integridad, colaboraciones entre actores climáticos y anticorrupción, y el fortalecimiento de organismos de aplicación de la ley. Además, destaca la importancia de la transparencia en la información sobre financiación, proyectos y contratos para fortalecer la confianza pública y reducir la impunidad. Las iniciativas deben respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.