Las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump están teniendo repercusiones significativas sobre las pequeñas empresas en Estados Unidos. Desde su mandato, más de 366,000 empleos en negocios con menos de 10 empleados han desaparecido, de acuerdo con un informe del Comité Económico Conjunto del Congreso.
Alrededor de 35 millones de pequeñas empresas, que generaban empleo para 59 millones de personas antes de estos cambios, están sufriendo los efectos de un incremento arancelario que afecta directamente sus costos operativos. Ejemplos de este impacto son Elana Gabrielle en Portland, Oregon, quien enfrenta aumentos de más de 1,000 dólares en pedidos de lino debido a los aranceles, y Joel Boblit en Wisconsin, quien observa las tarifas que consumen sus ganancias en BigBadToyStore.
En respuesta, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha dirigido una carta a altos funcionarios solicitando medidas como mecanismos de exclusión rápida para pequeños importadores. La intención es mitigar las consecuencias económicas sobre las pymes, que representan cerca del 44% del PIB del país.
Cinco compañías han llevado la lucha a los tribunales demandando a Trump, argumentando la ilegalidad de los nuevos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Este conflicto legal pone de relieve cómo las empresas están intentando reaccionar a políticas que consideran dañinas para su continuidad.
El 2 de abril de 2025, Trump anunció un aumento arancelario significativo, comparable solo con la Ley Smoot-Hawley de 1930. Aunque se pausaron temporalmente algunos aranceles recíprocos con China, la incertidumbre continúa siendo una constante para las pequeñas empresas. La posibilidad de nuevas regulaciones económicas sigue creando un entorno de volatilidad que estos negocios deben enfrentar. La escala y el impacto de estas decisiones subrayan la vulnerabilidad de las pymes frente a ajustes impositivos que no terminan de resolverse.