El Congreso de Guanajuato, en una votación reciente, decidió mantener las sanciones penales al aborto, lo cual contrasta con la tendencia en México hacia la despenalización. En esta decisión participaron 36 legisladores, con un resultado de 19 votos en contra del cambio legal y 17 a favor. La iniciativa de despenalización había registrado un empate la semana anterior, pero el cambio de postura de una diputada del Partido Verde fue determinante.
Guanajuato, situado en el centro del país y conocido por su contexto conservador, es uno de los estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), que ha mantenido el poder por tres décadas. Esta postura se distancia del fallo emitido por la Suprema Corte de México en 2021, que declaró inconstitucional la criminalización del aborto en los códigos penales estatales.
Hasta el momento, 19 de los 32 estados de la nación han modificado sus legislaciones para despenalizar el aborto. La Ciudad de México fue pionera en esta materia, legalizando la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación antes del fallo de la Corte.
Verónica Cruz, representante de Las Libres, una organización no gubernamental que asesora a mujeres sobre los derechos reproductivos, explicó que, a pesar de la postura del Congreso local, en Guanajuato ya existe una despenalización social. Según Cruz, algunos individuos acceden a interrupciones del embarazo en instalaciones de salud pública dentro del estado.
El uso de medicamentos para interrumpir el embarazo es la práctica más común en México. Las Libres y otras organizaciones proporcionan estos medicamentos de forma gratuita, particularmente en regiones donde el aborto sigue penalizado. Además, dichas organizaciones han extendido su apoyo a mujeres en Estados Unidos, donde la decisión de la Suprema Corte en 2022 revirtió el reconocimiento del derecho constitucional al aborto.