Guanajuato fue el escenario del Encuentro Nacional de Instituciones Inclusivas de Educación Superior, un foro que reunió a 16 universidades del país con el objetivo de fortalecer la formación de profesionistas comprometidos con una sociedad incluyente. La iniciativa del Gobierno de la Gente busca capacitar a futuros agentes de cambio en las diversas áreas del conocimiento.
Carlos Daigoro Fonce Segura, Subsecretario de Derechos Humanos para la Inclusión, destacó la relevancia de las universidades en la construcción de una sociedad inclusiva. Durante su intervención en el foro Retos y Posibilidades de la Educación Superior para Favorecer la Inclusión Laboral de Personas en Situación de Discapacidad organizado por la Universidad de Guanajuato, Fonce Segura subrayó la necesidad de desarrollar modelos educativos críticos y poner en marcha prácticas que fomenten la participación de personas con discapacidad.
El subsecretario resaltó la importancia de la equidad en el acceso a la educación superior. Señaló aspectos fundamentales como el ingreso de estudiantes, la adecuación de las instalaciones, el apoyo externo y la inclusión en las currículas. Según Fonce Segura, es esencial que todos los profesionistas estén al tanto de cómo contribuir a la inclusión y la discapacidad.
La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo también participó en el panel, donde destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, una iniciativa destinada a implementar políticas públicas que favorezcan a personas con discapacidad, posicionando a la universidad como un pilar activo en esta misión.
Entre los participantes del panel moderado por Luis Jesús Ibarra Manrique se encontraban Alejandra Viveros, profesora del Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual; Natalia Barajas Valadez, artista autodidacta; y Jesús Hernández Hernández, diputado quien enfatizó la urgencia de establecer planes educativos accesibles y de formación docente.
Las conclusiones del evento incluyeron temas como la cultura de inclusión, la empatía, la participación multisectorial, la actualización de docentes, la educación dual, y los incentivos fiscales. Se destacó el marco normativo como clave para avanzar hacia una educación inclusiva robusta.