Guanajuato, GTO. En un contexto donde periodistas y activistas han sido blanco de incidentes violentos, el estado de Guanajuato está considerando implementar reformas legales para fortalecer la protección de estos grupos. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de la entidad, ha señalado la necesidad de acciones concretas para salvaguardar el ejercicio libre del derecho a la información y la defensa de derechos humanos en el estado.
La mandataria expresó que el gobierno estatal se encuentra evaluando posibles modificaciones al marco jurídico con el objetivo de brindar garantías más robustas para la seguridad de estos actores. Esta decisión surgió tras varios casos que han generado preocupación tanto a nivel local como nacional, sumando cuestionamientos al actual entorno de seguridad en el que operan comunicadores y defensores de derechos humanos en Guanajuato.
Ante esta situación, García Muñoz Ledo ha hecho un llamado a fortalecer la colaboración entre las diferentes instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Según la mandataria, es imperativo facilitar un diálogo constante que permita identificar e implementar soluciones eficaces para prevenir agresiones y asegurar la integridad de quienes ejercen estas actividades fundamentales para el tejido democrático.
El tema de la inseguridad para periodistas y activistas no es nuevo en México, un país donde numerosos casos anteriores han evidenciado la vulnerabilidad de quienes se dedican a estas labores. Los esfuerzos de Guanajuato podrían enmarcarse en un creciente movimiento nacional por establecer entornos más seguros y transparentes para la libertad de expresión y la defensa de los derechos civiles.
El planteamiento de estas reformas apunta a construir una estructura protectora que no solo se enfoque en medidas preventivas, sino también en el establecimiento de mecanismos de respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad. Tal enfoque requeriría del compromiso y participación activa de todas las instancias involucradas para garantizar el ejercicio libre de los derechos político-electorales.