Guanajuato, Gto. En una muestra de compromiso significativo hacia la protección de mujeres y periodistas, las comisiones de Seguridad Pública y de Igualdad de Género del Congreso local dieron un paso adelante en la aprobación de iniciativas que buscan fortalecer las unidades de atención a la violencia de género y el establecimiento de un grupo especial para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. La decisión final está sujeta a la aprobación del Pleno esta semana.
Durante una reunión donde se discutieron los detalles de estas iniciativas, el presidente de la comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Erandi Bermúdez Cano, subrayó que la creación de las unidades de atención a la violencia de género será un mandato legal para todos los municipios de la entidad. Según Bermúdez, este enfoque busca garantizar que niñas y mujeres puedan vivir en un entorno libre de violencia, un derecho fundamental que, hasta ahora, había estado sujeto a la voluntad de cada municipio. Históricamente, algunos municipios habían implementado sus propios equipos de atención a la violencia, pero sin un marco normativo claro. Hoy, estamos estableciendo que será una obligación, no una opción, enfatizó el legislador.
Bermúdez aclaró que el propósito de la iniciativa va más allá de cambios superficiales, como la simple pintura de patrullas. Se trata de promover un enfoque integral en la capacitación de cuerpos de seguridad para atender adecuadamente la violencia contra la mujer. Se prevé la conformación de un equipo especializado que cuente con la formación adecuada en temas de género, con el objetivo de asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante estos casos.
Adicionalmente, también fue aprobado un dictamen reformatorio a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que establece un Grupo Especial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En este sentido, Erandi Bermúdez reconoció los altos niveles de riesgo asociados a la práctica del periodismo en México, lo que refuerza la pertinencia de esta propuesta. Este consejo tendrá la tarea de identificar quienes están en riesgo y evaluar el grado de vulnerabilidad, para permitir que se implementen medidas de protección eficaces, señaló.
Con estas iniciativas, se busca no solo abordar situaciones urgentes de violencia y proteger a aquellos que defienden derechos fundamentales, sino también asegurar que la atención a estos asuntos esté enraizada en un marco institucional sólido. La próxima aprobación del Pleno será determinante para traducir estas buenas intenciones en acciones concretas, permitiendo así una mejor calidad de vida y seguridad para todos los ciudadanos.